El hallazgo de nuevas fosas clandestinas en el estado de Veracruz vuelve a poner en evidencia el infierno de las desapariciones en México. Además de la violencia endémica, el mal manejo de los cadáveres que hacen las fiscalías y los institutos forenses locales –totalmente saturados– complica la labor de los familiares.
La noticia les cayó mal, porque ellas ya venían haciendo el papeleo que la autoridad les exige para entrar a ese lugar, donde sospechaban que había enterramientos clandestinos. En setiembre, la fiscalía del estado mexicano de Veracruz anunció el hallazgo de un predio en el pueblo de Arbolillo con 32 fosas clandestinas, de las que se recuperaron 166 cráneos.
“Nos cayó como balde de agua fría, porque la fiscalía no informó a nadie que iban a trabajar Arbolillo, a pesar de que nosotras habíamos estado pidiendo el ingreso, porque ya se habían encontrado cuerpos allí en 2017”, dijo a Brecha Rosalía Castro. Ella busca a su hijo Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2011, cuando viajaba en la carretera junto a su novia, Cyntia Vecendio Delgado, que también está desaparecida.
Castro, miembro del Colectivo Solecito de familiares de desaparecidos, recordó que cuando se trata del hallazgo de restos humanos la ley de víctimas y la ley de desaparición forzada contemplan la participación de las familias y sus defensores como observadores de la investigación.
“En junio presentamos 16 oficios para entrar a Arbolillo, y la fiscalía nunca nos dio respuesta. Pero con toda esa información, ellos entraron”, sostuvo. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, anunció los hallazgos como un mérito de su gobierno, pero las familias denuncian que se les ha vedado el acceso a los datos conseguidos. Sólo las dejaron pasar a Arbolillo cuando nueve de los 15 colectivos de familiares de desaparecidos del estado de Veracruz se presentaron en el lugar junto a las comisiones de derechos humanos. De todas maneras, sólo se les permitió un recorrido a distancia de las fosas y bajo vigilancia.
Para Castro esa actitud de la autoridad sólo se entiende como una especie de “celos” generados por el reconocimiento del trabajo de los familiares. “Nuestro temor son las cadenas de custodia de todo lo que están encontrando, cómo lo manejan”, dijo además a Brecha.
La confirmación del mal manejo de los restos hallados la tuvo Castro cuando les mostraron las fotos de los cuerpos –sobre todo de los tatuajes que tenían algunos– y de la ropa que había sido rescatada del predio. Para su sorpresa, la habían lavado, a pesar de haber sido obtenida en una escena de múltiples crímenes. “Cuando vi esa ropa mandé traer al director de servicios periciales y le dije: ‘Esa ropa está limpia’. Y él me confirmó que así era”, sostuvo Castro.
Las mujeres del Colectivo Solecito no son las únicas que se dedican a la búsqueda de fosas clandestinas en México, pero tuvieron la fuerza suficiente como para destapar el misterio que se hallaba en Colinas de Santa Fe, en el estado de Veracruz: un enorme cementerio secreto con fosas comunes (véase Brecha, 2-VI-2017). Recién terminaron de cerrar ese capítulo a mediados de octubre de este año, luego de dos años de trabajo en los que lograron recuperar 300 cráneos y otros seis cuerpos sin cabeza en 151 fosas clandestinas.
Morgues saturadas
Según los datos de criminalidad oficiales, México registró en 2017 una tasa de 25 asesinatos cada 100 mil habitantes. Hasta abril de este año sumaban 37.485 las personas desaparecidas. “En Jalisco tenemos poco más de 800 cuerpos sin ser identificados por sus familiares, de tal suerte que ya no caben en la morgue”, contó a Brecha Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos-Jalisco.
En setiembre pasado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue protagonista de un escándalo que acabó con su director cesado, cuando se conoció públicamente que los cuerpos no identificados son resguardados en un camión refrigerado que se renta para ese fin. La indignación que corrió por las redes cuando las imágenes del Frigo Kim se hicieron públicas no tuvo en cuenta que los camiones fueron una medida paliativa a un problema serio y que su uso era sabido por los jefes políticos y judiciales del estado. Lo cierto es que la de Jalisco no es la única morgue en la república donde los cadáveres no reconocidos son mantenidos de esa manera.
“La morgue tiene capacidad para 180 cuerpos en sus refrigeradores. El fiscal anterior construyó un panteón ministerial para 272 cuerpos, pero pronto se saturó. Se inició el trabajo de construcción de otro panteón, pero quedó detenido. Entonces rentaron el Frigo Kim, que tiene capacidad para 200 cuerpos”, explicó Aguilar a Brecha.
Tiene los números frescos porque desde que comenzó el año, semana a semana, un grupo de mujeres de su colectivo revisa los cuerpos que llegan a la morgue y que permanecen sin identificar, y anotan sus características en una libreta. Piden copia de los resultados de la autopsia y revisan que sean embalados e identificados como corresponde.
“Revisé personalmente el frigorífico y estaba funcionando, y los cuerpos tenían su número de identificación”, afirmó Aguilar. Dijo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene muchas fallas de presupuesto y de recursos humanos, pero que rentar el frigorífico fue una salida provisoria para una situación extrema, ampliamente extendida en todas las morgues del país ubicadas en zonas donde hay muchas muertes violentas. Entre ellas las de Guerrero, Veracruz y Morelos, en el centro-sur; y en el norte las de Tijuana, el municipio de México que tiene el récord de muertos actualmente.
Cuanto más tiempo tarde en descomponerse un cuerpo no identificado, más posibilidades hay de que su familia pueda reconocerlo, sobre todo por sus tatuajes y marcas de nacimiento. Cuando el cuerpo llega al estado esquelético pasa a ser obligatoria una prueba de Adn, mucho más costosa y con resultados más tardíos.
“Lo que se necesita es la identificación”, remarcó Aguilar. Son recurrentes los ejemplos de familias que encuentran a su desaparecido figurando como “NN” en alguna morgue del país. En todos los casos que esta cronista conoció de primera mano, el cuerpo de la persona desaparecida había sido recuperado próximo a su fecha de muerte. Lo que lo mantuvo en el anonimato durante años fue la mala gestión de las autoridades.
“El identificado más nuevo que logramos es un joven de nombre Eleazar, que desapareció en diciembre de 2017 en Ciudad Guzmán, Jalisco. El chamaco era bailarín, originario de Culiacán, Sinaloa. Vino por un asunto privado y lo mataron aquí, pero su madre lo buscaba por allá. El muchacho se encontró gracias a las características que nosotros apuntamos de los cuerpos”, relató Aguilar.
En México falta una base de datos forenses a nivel nacional, una medida obvia en una crisis de estas magnitudes. Aunque es una de las principales promesas del nuevo comisionado para la búsqueda de personas desaparecidas, aún no ha logrado concretarse. El primer avance de la base nacional, que fue presentado públicamente en el comienzo de este mes, no fue bien recibido por las familias organizadas.
“México es una fosa, están dejando un país sangrante. Estamos en una situación muy triste y muy terrible. Para mí algo muy importante es la indolencia de la sociedad ante lo que estamos viviendo”, dijo Aguilar.
La estrategia propuesta para este tema por el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, terminó siendo un fracaso. La realización de “foros de pacificación” con la sociedad, que marcarían el rumbo a seguir en las zonas con mayores índices de violencia, naufragaron en una catarsis colectiva que no logró torcer la permanencia de los militares como encargados de la seguridad pública del país.
Pero Aguilar no dará el brazo a torcer: “Voy a seguir insistiendo porque quiero la verdad. Ya no me interesa la justicia porque en este México en que vivimos nunca la voy a encontrar. Pero sí quiero saber qué pasó con mi hijo, qué le hicieron, dónde me lo dejaron, por qué le hicieron esto. Ese es el único motor que tengo para vivir: buscar”.
